Me asiste el derecho de opinar en este candente y por desgracia politizado tema, de la desnutrición de nuestros niños, por que como guajiro fui uno de los tantos que sentí alegría cuando el presidente Gustavo Petro anunció que crearía una Gerencia para La Guajira, que trabajaría de la mano de la Consejería para las Regiones atacando este flagelo.
Opinión escrita que me fue publicada en este mismo medio, en donde creo haber interpretado el sentir de mis paisanos sobre todo de los wayuú y otras etnias, al ver renacer en ellos un hálito de la esperanza perdida frente al caso de la desnutrición y muerte de nuestros niños.
Y no era para menos, había que alegrarse cuando se colocaba en la cabeza de la Gerencia a Lucho Gómez Pimienta, un guajiro de valía, que puede conocer más qué cualquier especializado y masterado profesional sacado de las frías oficinas de Bogotá, la multicausalidad de esta crisis humanitaria.
Pero las esperanzas empezaron a desvanecerse desde el mismo momento de la presentación en sociedad de esta figura, ya que la misma la transformaron en iniciativa intervencionista y partidista , cuando el Dr. Velasco hace más de ella, una presentación politizada del gerente, que la de mostrar un plan concreto con acciones definidas para conjurar la crisis.
Emancipando al gerente o sea a Lucho Gómez, como el Petro de La Guajira, una muestra clara de enviar un mensaje politizado de que a quien encargaban de esa responsabilidad era la persona que el presidente reconocía como su representante en La Guajira.
Ignorando o desconociendo temas tan sensibles como el que algunos integrantes de esa colectividad de Gobierno han reclamado: que en las huestes del Pacto Histórico hay credenciales con igual o mayor jerarquía.
Pero más grave fue el desconocimiento a las autoridades locales elegidas democráticamente y que por Constitución son ellos y no otros los que puedan abrogarse, o se les puede endilgar la representación de la institucionalidad presidencial en los territorios.
Porque una cosa es que Lucho Gómez sea según el consejero de las regiones, el más cercano políticamente en La Guajira al presidente Petro, pero otra muy distinta son los preceptos legales y constitucionales que se deben acatar así su representación esté en cabeza de nuestros contrarios políticos.
Y como por el desayuno se sabe lo que habrá de almuerzo; de ahí en adelante han ocurrido una seguidilla de desaciertos que en nada han contribuido a la tan anhelada meta de “no más” un niño muerto por problemas asociados a la desnutrición en este Departamento; que fue lo que el presidente Petro prometió .
Los guajiros esperábamos de la Gerencia, siendo tan cercana al presidente hiciera una petición clara, contundente, enérgica e innegociable, de la cobertura universal en el programa de primera infancia y demás que se dan a través del Icbf.
Inaceptable es que de los 394.000 mil niños que según el último censo del Dane hay en La Guajira, solo se estén atendiendo en el programa de primera infancia del Icbf 94.000 mil niños, más un número muy limitado en los programa de mil días para cambiar el mundo y los que entran a los centros de recuperación nutricional (CRN) .
Parece no importar que más de 270.000 mil niños estén por fuera de estas cobertura y que en vez de dedicar el tiempo a salvarles la vida, ese tiempo se malogre en trivialidades. Es a peticiones como esta y otras de igual impacto, a las que ha debido dedicarles tiempo y energía la Gerencia y no a camorrear que es lo único que hasta ahora se conoce. Con este solo logro, podría sentirse que valió la pena aceptar el reto nada fácil de bajar las dolorosas estadísticas.
Más desconcierto aún, causa que el representante de la Gerencia quien debe ser el responsable de la participación armónica de las demás entidades para cumplir los fallos proferidos, haya hecho público su menosprecio por una de ellas, y es nada más y nada menos que de la autoridad judicial. Que ha sido la gran protagonista de la tutela de los derechos de nuestros infantes, y que en su momento ha servido para obligar a los responsables de los gobiernos nacionales y locales a su cumplimiento.
Y en una posición además temeraria se haya adelantado a un hipotético fallo declarando desde ya su desobediencia.
Aquí de vedad que hay que pedirle coherencia, ya que no se puede aplaudir a la autoridad judicial cuando declara el estado de cosas inconstitucionales en el Departamento, pero optar que cuando esas mismas autoridades nos obliguen en persona a acatar sus fallos, los mismos son cuestionables o amañados.
Lo que Lucho Gómez debe hacer con entereza de carácter y valor civil no es anunciar que se va a dejar poner preso en caso adverso del fallo de tutela interpuesta en su contra por el senador Alfredo Deluque, lo que corresponde es aportar las pruebas de su grave acusación, ya que dentro de las multicausalidad de la muerte de los niños en La Guajira la Corrupción tiene una gran responsabilidad y si Lucho tiene cómo evidenciarla, la obligación legal, pero ante todo moral que le asiste es probarla. De lo contrario sería muy decepcionante verlo migrar de preso político por rebeldía, a preso mentiroso por calumnia.
¡Así no se lucha!
