Como se recordará, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de servicios públicos, a solicitud de la misma empresa, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, para lo cual procedió a nombrar como agente interventor inicialmente al ingeniero Carlos Diago, quien posteriormente fue reemplazado 40 días después por el exviceministro del Trabajo Edwin Palma. Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos”.
Como antecedente es importante destacar que la empresa Air – e, a través de un comunicado que emitió el 10 de octubre de 2023 declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas. La razón que invocó en aquel momento la empresa fue su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.
Para evitar la intervención, de soslayo, el ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la “limitación de suministro a Air – e, al tiempo que abrió una línea de crédito en Findeter, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas. A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.
Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia de Servicios públicos una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air – e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”. Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el agente especial de Air – e (intervenida), que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.
Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air – e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”. Empero, para lograr dicho cometido la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo empresarial, la mera intervención, pero sé, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.
Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2.4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno nacional les debe reintegrar. A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo asciende a los $4.5 billones, de los cuales el propio presidente de la República se comprometió públicamente en el mes de mayo a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, $2.5 billones. A estas deudas se viene a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente.
De hecho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó recientemente que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar” y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”.
La empresa XM, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), lo advirtió desde el 4 de octubre de 2023, que ello podría lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema. Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir a una “crisis financiera sistémica y previsible”.
Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air – e, buscarle una salida la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde!
