El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la condena contra la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que resultó herido tras recibir el impacto de un proyectil disparado por un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), durante las protestas registradas en Bogotá en noviembre de 2019.
La decisión judicial determinó que existió una falla en la prestación del servicio, debido a que la institución había clasificado como “menos letal” el arma empleada durante el procedimiento, sin brindar a los uniformados información suficiente sobre el riesgo que representaba su utilización y su capacidad potencial para provocar la muerte.
De acuerdo con el análisis del Tribunal, esta falta de información dificultó una valoración adecuada de los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que deben orientar el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado.
La corporación judicial también señaló que las pruebas recopiladas durante el proceso no demostraron la existencia de un escenario de violencia que justificara el empleo de un elemento con capacidad potencialmente letal. En ese sentido, reiteró que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta no puede convertirse en una razón para afectar derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana.
Frente a las circunstancias particulares del caso, el Tribunal estableció que Cruz se encontraba ejerciendo su derecho constitucional a participar en una manifestación. Asimismo, consideró que el hecho de haber devuelto gases lacrimógenos lanzados por el Esmad no constituía una justificación suficiente para utilizar un arma con capacidad de causar la muerte.
Como parte de las medidas de reparación, la decisión ordenó al actual director de la Policía Nacional realizar, en representación de la institución, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas a los familiares de Dilan Cruz.
El Tribunal fundamentó esta medida en que la muerte del joven ocurrió mientras participaba en una jornada de protesta, en ejercicio de un derecho protegido por la Constitución y los instrumentos internacionales.
