Durante un debate de control político en el Congreso, el senador Antonio José Correa Jiménez expuso una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades dentro del sector de la vigilancia y seguridad privada en el país, alertando sobre la existencia de un “ejército paralelo” armado bajo la figura de empresas privadas.

El debate, realizado en la Comisión Segunda del Senado y al que fueron citadas entidades como el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección, volvió a poner sobre la mesa una serie de anomalías que, según el congresista, han permanecido sin control desde 1993, año de creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Correa Jiménez señaló que la Superintendencia ha operado “sin dientes” durante décadas y aseguró que entre 2018 y 2022 se registraron 1.100 trámites ilegales, en los que funcionarios vinculados habrían cobrado altas sumas de dinero a empresas para otorgar licencias irregulares, algunas de las cuales terminaron en manos de grupos al margen de la ley. El senador destacó que gracias a la gestión de la entonces superintendente Jennifer Parra, se iniciaron procesos de revisión que llevaron a que 14 empresas entraran en proceso de revocación de sus licencias.

El congresista advirtió que en Colombia existen 351.118 vigilantes con permiso para portar armas de fuego, cifra que supera a los 187.000 policías y se acerca a la del Ejército Nacional, compuesto por cerca de 180.000 soldados. Para Correa, esto configura un riesgo para la seguridad nacional al permitir que civiles armados superen en número a las fuerzas legítimas del Estado.

El senador recordó que desde 2024 ha realizado dos debates reservados sobre este tema y espera que el próximo 9 de diciembre se lleve a cabo una nueva sesión de carácter reservado en la Comisión Segunda. Reiteró el llamado a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para que investiguen a fondo y establezcan responsabilidades sobre quienes facilitaron la entrega de licencias presuntamente irregulares durante años.

Correa concluyó que lo denunciado representa un entramado criminal que operó desde el Estado y pidió que la investigación alcance a todos los superintendentes desde 1993. Aseguró que “Colombia no puede seguir armando civiles mientras la ilegalidad compra permisos al Estado”.