La reforma pensional, uno de los principales logros legislativos del presidente Gustavo Petro en 2024, enfrenta ahora el escrutinio de la Corte Constitucional tras múltiples demandas que cuestionan su trámite y contenido.
En octubre, el alto tribunal informó que inició el análisis de al menos siete demandas admitidas contra la Ley 2381 de 2024. Aunque se presentaron más de 100 acciones legales, la mayoría fueron rechazadas. Entre las aceptadas destacan las promovidas por el senador Miguel Uribe y su colega Paloma Valencia, ambos del Centro Democrático; Katherine Miranda, de la Alianza Verde; Christian Garcés, del Centro Democrático, y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.
Miguel Uribe argumentó que la plenaria de la Cámara aprobó un texto «desconocido por los representantes», lo que vulneró el principio de consecutividad, al adoptar sin debate el proyecto aprobado por el Senado.
En noviembre, la procuradora general Margarita Cabello Blanco solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible toda la reforma pensional. Según Cabello, durante la sesión del 14 de junio, la plenaria de la Cámara suspendió el debate detallado que estaba en curso y aprobó apresuradamente la propuesta del Senado, sin deliberar sobre más de 60 modificaciones y 500 propuestas de ajuste presentadas por distintas bancadas.
La procuradora señaló que los congresistas se vieron obligados a votar en bloque los 95 artículos del proyecto, sin la posibilidad de discutir cada uno por separado. «Este proceder cercenó la oportunidad de los legisladores de analizar el contenido de la reforma», indicó en su concepto al alto tribunal.
La decisión de la Corte Constitucional será clave para el futuro de una de las reformas insignia del actual gobierno, cuya aprobación estuvo marcada por debates acalorados y cuestionamientos sobre la transparencia de su trámite legislativo.
