La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre la sostenibilidad financiera del Programa de Alimentación Escolar (PAE), del que dependen más de 3,5 millones de niños en todo el país.
En una mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), el ente de control expresó su preocupación por la falta de coordinación entre las entidades responsables del programa y pidió acciones inmediatas para evitar suspensiones o cierres anticipados en la prestación del servicio.
Uno de los principales retos señalados fue la cofinanciación que deben garantizar las Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Frente a este punto, el DNP se comprometió a estudiar mecanismos que permitan agilizar la revisión y aprobación de proyectos de regalías solicitados como fuente de recursos para el PAE.
La Procuraduría advirtió, además, que 14 entidades presentan suspensiones en la ejecución o alto riesgo de detener el servicio. Varias de ellas redujeron los recursos destinados a la cofinanciación o no realizaron incrementos reales, en contravía de lo estipulado en la Ley 2167 de 2021, que ordena asegurar la alimentación escolar durante todo el calendario académico.
El organismo de control reiteró que, a través del Comité Especial de Seguimiento al PAE, continuará ejerciendo vigilancia para establecer responsabilidades y posibles sanciones frente a los incumplimientos detectados.
