La Procuraduría General de la Nación ha elevado una nueva petición a la Corte Constitucional para que se declare el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema de salud, argumentando un marcado deterioro en la prestación del servicio y serias deficiencias en su regulación.
En un documento de 24 páginas, el Ministerio Público advirtió que la reciente alza en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pilar del financiamiento del sistema de salud, se habría realizado con presunta motivación indebida y con base en información parcial, en contravención a los artículos 48 y 49 de la Constitución, que establecen la salud como un servicio público esencial a cargo del Estado.
Según la Procuraduría, esta decisión podría comprometer la sostenibilidad del sistema, agudizando la crisis en clínicas, hospitales, aseguradoras y proveedores. Además, señala que el incremento no responde a criterios técnicos sino políticos, afectando directamente los derechos fundamentales de los pacientes.
“La seguridad social en salud es un servicio público esencial a cargo del Estado. Las disposiciones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 exigen decisiones que prioricen la protección de los recursos para atender oportunamente las necesidades de la población”, declara el documento presentado.
La Procuraduría también recordó que esta es la segunda ocasión en menos de un año en la que se solicita la declaración del ECI, una figura jurídica que busca responder a violaciones masivas y prolongadas de derechos fundamentales.
Un llamado urgente al orden constitucional
El órgano de control reiteró que los incumplimientos del Ministerio de Salud a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional y la falta de regulación efectiva han exacerbado los problemas en el sector: además, instó a la Corte a adoptar medidas estructurales que permitan garantizar los derechos de los colombianos y restablecer el orden constitucional.
La petición se suma a los llamados de alerta de diversos actores del sistema de salud, como la Academia Nacional de Medicina, gremios médicos y asociaciones científicas, quienes han señalado la insostenibilidad del modelo actual y las crecientes dificultades para brindar una atención adecuada a la población.
