El anuncio del Icetex sobre la eliminación del subsidio a la tasa de interés de los créditos educativos ha desatado una ola de reacciones en el país. La medida, que entrará en vigor en 2025, afectará a miles de jóvenes, quienes deberán asumir tasas de interés más altas en sus préstamos estudiantiles.
Según la entidad, la decisión responde a la situación fiscal del país, que impide al Gobierno continuar financiando este beneficio. Como resultado, los créditos educativos volverán a las condiciones originalmente pactadas, lo que incrementará el costo para los beneficiarios.
Ante la polémica, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, señalando a la Corte Constitucional como responsable de la eliminación del subsidio.
«Fue la Corte Constitucional, en su sabiduría, aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés, que el gobierno logró aprobar en el Congreso”, expresó el mandatario.
Asimismo, cuestionó a la oposición por criticar la medida: «¿Por qué la derecha colombiana grita ahora por qué no hay subsidios a la tasa de interés de créditos del Icetex cuando fue ella la que promovió su derrumbe en la Corte, y además desfinanció al Estado para que mi Gobierno no cumpliera su programa?».
Petro enfatizó que, ante este panorama, su Gobierno ha priorizado la gratuidad en la educación pública, asegurando la creación de 130.000 nuevos cupos universitarios gratuitos en todo el país.
El exministro de Educación Alejandro Gaviria criticó la decisión: “Lo que más llama la atención de todo esto es el cinismo. Decían primero que el Icetex no debería tener una lógica bancaria y dicen ahora que, de malas, que los estudiantes tienen que pagar las tasas de mercado».
Por su parte, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas calificó la eliminación del subsidio como un «golpe al bolsillo de los jóvenes», advirtiendo que las nuevas tasas oscilarán entre 12,2 % y 17,2 %, lo que representa «una carga brutal para miles de estudiantes». Además, sugirió que la medida podría ser impugnada judicialmente.
Mientras tanto, los estudiantes y familias afectadas siguen a la expectativa de posibles soluciones ante el impacto económico que tendrá esta decisión en su acceso a la educación superior.
