En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, al encontrar probado que desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal.
El Ministerio Público encontró que la determinación adoptada por el exministro se basó en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente, lo cual no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, dado que este cumplió con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.
En ese sentido, el ente de control confirmó que Leyva Durán incurrió en falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.
De igual manera, la Procuraduría lo absolvió por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa, y resaltó que este fallo puede ser apelado ante el despacho de la Procuradora General de la Nación.
La Procuraduría advirtió que cuando Leyva Durán era canciller incurrió en faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo, al declarar desierta la licitación 001 de 2023 a favor de Thomas Greg como único proponente, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
