La Procuraduría General de la Nación reafirmó su decisión de destituir e inhabilitar por 10 años al gobernador de Córdoba Edwin Besaile, y al exgobernador de ese departamento Alejandro Lyons Muskus, sancionados ambos por irregularidades en pagos de terapias a menores en condición de discapacidad.
Para este fallo de segunda instancia, el ente de control confirmó que los dos mandatarios incurrieron en graves faltas que ocasionaron un millonario desfalco a la salud de Córdoba entre los años 2014 y 2015.
Según el Ministerio Público, tanto Besaile como Lyons «no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, que ordenaron pagos por $4.988 millones para cubrir terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad».
En su investigación, la Procuraduría estableció que se realizaron pagos ficticios en respuesta a órdenes de tutela que no existieron y sin celebrar un contrato que los justificara entre la Gobernación de Córdoba y Funtierra Rehabilitación IPS.
Finalmente la falta de los funcionarios fue calificada como gravisima y contra esta última decisión ya no aplica ningún recurso.
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