La Procuraduría General de la Nación comenzó una indagación preliminar en contra de funcionarios aún sin determinar de la Alcaldía de Cali, luego de tener conocimiento de varias denuncias en las que contratistas están siendo objeto de exigencias de dinero para permanecer en sus cargos en el distrito.
De acuerdo con la información recogida, algunos servidores estarían obligando a trabajadores bajo contrato a entregar hasta el 40 % de su salario mensual, bajo la amenaza de perder sus trabajos o quedar incluido en una denominada “lista roja”. Según lo expuesto, las exigencias están siendo gestionadas a través de coordinadores de grupos, y el pago se llevaría a cabo principalmente mediante transferencias en plataformas como Nequi.
Además, el procedimiento de la Procuraduría también busca determinar si existe una estructura más grande de corrupción al interior de la Administración distrital, en la que podrían estar involucrados tanto actores políticos como operadores internos. La investigación tiene como objetivo verificar si en realidad están ocurriendo hechos de coacción, desvío de fondos o cualquier conducta que pueda ir en detrimento de la estabilidad de los trabajadores y de los recursos públicos en el manejo de la Administración.
Este procedimiento permitirá aclarar si hubo o no abuso de poder o exigencia de pagos indebidos, así como determinar responsabilidades tanto de los presuntos involucrados como de cualquier estructura organizativa que esté detrás de esos hechos. La Procuraduría afirmó que llevará a cabo toda la práctica de pruebas necesarias, así como a citar a los involucrados y a los denunciantes, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y aplicar las sanciones correspondientes en el marco de la ley.
