La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de San Antero, Dennys Chica Fuentes, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones con la población carcelaria trasladada a la cárcel La Amarilla, en Lorica, Córdoba.
De acuerdo con el organismo de control, el mandatario habría incumplido el convenio No. 002-2024, que tenía como objetivo garantizar la manutención de los internos trasladados desde su municipio y otras localidades cercanas. Este acuerdo, por un valor de $196.966.666, también incluía a municipios como San Andrés de Sotavento, Puerto Escondido, Purísima, Chimá, Cotorra, Moñitos y Canalete, entre otros.
La Procuraduría señaló que el convenio tenía como propósito aunar esfuerzos financieros para la administración, vigilancia, custodia y alimentación de los detenidos preventivamente en el centro penitenciario. Sin embargo, varios de los municipios implicados, incluido San Antero, no habrían girado los recursos de manera oportuna, lo que afectó el sostenimiento de los internos y trasladó la carga económica al municipio de Lorica.
Ante esta situación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Montería inició la investigación para determinar si el alcalde incurrió en una falta disciplinaria al incumplir con sus responsabilidades en la vigencia 2024.
Las autoridades continúan recopilando información para establecer el impacto de este presunto incumplimiento y determinar las sanciones correspondientes en caso de hallarse responsabilidades.
