La Procuraduría General de la Nación instó a la Consejería Presidencial para la Juventud ‘Colombia Joven’ a conformar y registrar la plataforma de juventud nacional, y advirtió que en 142 municipios y 2 departamentos no se han adelantado gestiones para la creación de estos mecanismos que garantizan el derecho a la participación de los jóvenes.
“Preocupa (…) que se siga postergando la conformación y registro de este mecanismo de participación y por ella instamos a la Consejería Presidencial para la Juventud a adelantar todas las acciones que conduzcan a que la plataforma pueda conformarse sin más dilaciones”.
En la carta enviada al consejero presidencial, Juan Sebastián Arango Cárdenas, el Ministerio Público mostró su preocupación por que a pesar de que la Ley 1885 fue sancionada en 2018 y se cuenta con los requisitos para la conformación y registro de la Plataforma Nacional de las Juventudes, “aún no se haya establecido la fecha para llevar a cabo el acto de conformación y registro”.
Como parte del seguimiento a la conformación y registro de las plataformas municipales, distritales, departamentales y nacional de las juventudes, el ente de control identificó que en La Guajira y Vichada no existen estos mecanismos de participación, definidos como “escenarios de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes”.
Así mismo, estableció que tampoco se han conformado las plataformas del nivel municipal en 142 territorios del país, entre ellos, en 30 municipios de Boyacá, 26 de Santander, 14 de Magdalena, 14 de Nariño, 13 de Chocó, 10 de Antioquia, 8 de Norte de Santander, 7 de Cauca, 4 de Valle del Cauca, 3 de Cundinamarca, 2 de Caldas, 2 de Caquetá, y 2 de La Guajira.
En el análisis se evidenció que a 31 de julio de 2020 se habían conformado 960 plataformas municipales, 9 distritales y 9 departamentales, No obstante, la PGN alertó que tampoco ha recibido los documentos que soportan esa conformación en el caso de 189 municipios.
La Procuraduría advirtió que iniciará acciones disciplinarias ante la presunta existencia de omisiones en la conformación de estas plataformas que permiten garantizar el derecho a la participación de los jóvenes.