La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años a la excongresista y prófuga de la justicia, Aída Merlano. Esto implica que no podrá ejercer cargos públicos hasta el año 2030, ni aspirar a cargos de elección popular en virtud a la pérdida de investidura decretada por el Consejo de Estado.
El Ministerio Público decidió sancionar a Merlano por su participación en un esquema de corrupción electoral creado para llegar al Senado durante las elecciones de 2018.
“Declarar probado y no desvirtuado el único cargo formulado a la señora Aida Merlano Rebolledo en su condición de representante a la Cámara por la circunscripción electoral Atlántico, para la época de los hechos, como falta gravísima a título de dolo”, dice el fallo firmado por el procurador Fernando Carrillo.
Cabe recordar que la Procuraduría inició una investigación contra Merlano en 2018 por el mencionado caso de corrupción.
“Dentro del material probatorio con el que cuenta la Procuraduría se tienen los registros de las cédulas de ciudadanía encontradas en el inmueble, además de las certificaciones electorales, listados de puestos de votación, recibos de caja menor, letras firmadas en blanco, adhesivos con la leyenda ‘Gracias por tu apoyo’, armas de fuego, entre otros elementos”, dijo en ese entonces el ente de control.
Actualmente Aída Merlano se encuentra en Venezuela, a donde llegó tras fugarse de la cárcel en octubre de 2019. En el país vecino fue capturada y luego realizó una declaración pública desde Caracas donde lanzó varias acusaciones contra sus antiguos aliados políticos; los Char y los Gerlein.
