La Unidad para las Víctimas, en representación del Gobierno nacional, y la Fiscalía General de la Nación definieron las acciones para avanzar en la identificación, extinción y administración de bienes que, de acuerdo con la Ley 1448, deben ser destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, un paso clave en la lucha para garantizar la reparación integral.
Durante un encuentro, realizado en Bogotá, la Fiscalía reafirmó su compromiso de perseguir y esclarecer el paradero de los bienes no identificados, respondiendo a una solicitud realizada por la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, el pasado 26 de diciembre.
“La Fiscalía nos aseguró que tomará todas las acciones necesarias para localizar los bienes no identificados y que realizará las acciones pertinentes para avanzar en las investigaciones relacionadas con la corrupción y dar con los responsables», dijo Solano.
Agregó que la Fiscalía se comprometió a intensificar las investigaciones para identificar y recuperar los bienes que aún no han sido entregados al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), incluyendo una revisión exhaustiva sobre las ocupaciones no autorizadas que afectan a 1.383 bienes, lo que ha generado complicaciones adicionales en el proceso.
Además, en desarrollo de las evaluaciones realizadas sobre los bienes en el FRV, se estableció que de los 3.398 bienes entregados al Fondo solo 580 han sido sometidos a extinción de dominio, mientras que 2.242 bienes presentan dificultades administrativas que dificultan su utilización para la reparación de las víctimas.
Asimismo, se definió que 105 de los bienes —suman más de 7.000 hectáreas— entregados por una estructura de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en cabeza de uno de los gestores de paz designados por el Gobierno nacional, no aparecen en el FRV, lo cual será objeto de investigación.
Los 105 bienes, según las pesquisas, están ubicados en los municipios de La Gabarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
De hecho, con la Fiscalía se acordó la conformación de tres grupos de trabajo con el fin de hacer un seguimiento minucioso a los bienes entregados al Fondo por parte de los 18 gestores de paz de las Auc designados por el Gobierno para que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales».
Lo anterior porque más de 300 bienes que, según los exjefes paramilitares entregaron a las autoridades para reparar a las víctimas, no aparecen en los registros de la Fiscalía.
