Desde Nueva York, durante su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, defendió firmemente el papel del tribunal transicional en el proceso de justicia del conflicto armado colombiano. En medio de críticas por supuesta lentitud y permisividad, Ramelli recalcó que “impunidad es no investigar ni sancionar”, señalando que la JEP asumió una deuda histórica que la justicia ordinaria dejó pendiente durante más de medio siglo.
Ramelli destacó que por primera vez se han abierto investigaciones contra responsables de crímenes graves como el reclutamiento de más de 18.000 menores por parte de grupos armados, la violencia sexual en el conflicto, y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército. “Nunca antes se habían imputado estos delitos ni se había procesado a responsables de alto nivel”, afirmó el magistrado.
La JEP se prepara para emitir en los próximos meses sus primeras sentencias. Una de ellas será de carácter adversarial, en el caso del coronel retirado Publio Hernán Mejía, quien no ha reconocido responsabilidad ni aportado verdad. Además, se esperan otras dos decisiones en el marco del sistema restaurativo, relacionadas con antiguos comandantes de las FARC y exintegrantes del Batallón La Popa del Ejército, quienes sí aceptaron su culpabilidad.
Ramelli advirtió que los beneficios del modelo restaurativo no son automáticos: quienes no colaboren con la verdad podrán ser excluidos y procesados por la justicia ordinaria. Aseguró que el seguimiento de estas penas estará a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, la JEP y, especialmente, las comunidades afectadas.
Finalmente, destacó el fortalecimiento de la relación con el Gobierno y el sector privado para avanzar en las acciones de reparación a las víctimas, y subrayó la importancia del cierre jurídico del conflicto como parte del proceso hacia una paz duradera en Colombia.
