El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, emitió una carta abierta dirigida a los comparecientes del tribunal, instando particularmente a los excombatientes de las Farc a cumplir con su deber hacia las víctimas y reafirmando que las demandas de verdad no pueden ser ignoradas ni manipuladas por sectores políticos.
Ramelli destacó que la JEP trabaja con la participación de cerca de 400 mil víctimas, incluyendo campesinos y comunidades étnicas, quienes buscan verdad, justicia y reparación. “La verdad judicial ha permitido que las heridas empiecen a sanar y que las víctimas empiecen a encontrar a sus desaparecidos. Es importante recordar que los beneficios para quienes se someten a la JEP están supeditados a sus aportes a la verdad, la no repetición y a que sus respuestas a las víctimas sean satisfactorias sobre hechos como el secuestro, los ‘falsos positivos’, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y otros graves crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señala el documento.
El magistrado aseguró que la JEP continuará con su tarea de reconciliación, pese a las presiones de sectores que buscan ocultar la verdad y evitar el juicio a los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado. “La JEP seguirá desenterrando lo que han intentado esconder y esclareciendo patrones macrocriminales desconocidos por el país”, aseguró Ramelli.
Asimismo, advirtió que los firmantes de paz, miembros de la fuerza pública y terceros civiles que cumplen con sus compromisos ante el tribunal, tendrán derecho a sanciones propias y a resolver su situación jurídica solo si asumen su responsabilidad de manera pública y entregan una verdad detallada y exhaustiva. “No basta con asumir responsabilidades de manera general ni con eludir a las víctimas”, enfatizó.
La carta de Ramelli fue emitida en medio de una controversia desatada por Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, líder del Partido Comunes y exjefe de las FARC, quien acusó a la JEP de buscar una “derrota moral” de los firmantes de paz. En su misiva, Londoño cuestionó las declaraciones de Ramelli sobre la posibilidad de que casos inconclusos regresen a la justicia ordinaria, lo que calificó como un “grave riesgo para la seguridad jurídica” de los excombatientes.
Londoño también solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU y de los países garantes del Acuerdo de Paz, argumentando que, tras ocho años de funcionamiento, la JEP no ha emitido sentencias contra los exmiembros de las FARC ni ha cerrado sus procesos.
