La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación por la no aprobación en el presupuesto 2021 de una partida adicional que había solicitado al Gobierno nacional en el Presupuesto General de la Nación de 2021, y que es fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes y para su debida operación.
Los recursos adicionales de inversión que no fueron aprobados, ascienden a la suma de $30.014 millones, los cuales son indispensables para el cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales de la JEP.
Según el tribunal especial, $19.613 millones iban a ser dirigidos para el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en la JEP, tarea que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación –UIA–.
Asimismo, 4.100 millones de pesos serían para la representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y en el de acreditación, teniendo en cuenta que se amplió el plazo para la presentación de informes a la JEP y que hay macrocasos en curso que demandan la participación de las víctimas. Y los $6.300 millones restantes estaban programados para tecnologías de la información.
“Los pedidos de adición presupuestal iniciaron por parte de la JEP al Gobierno nacional el 13 de julio pasado, una vez éste comunicó las cuotas presupuestales. Después, se reiteraron el 21 de agosto ya radicado el proyecto de presupuesto, el 28 de agosto y el 7 de octubre”, dice un comunicado.
La JEP fue enfática al referir que aunque en un principio no le fueron asignados los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto con una diferencia de $88.000 millones entre lo solicitado y lo asignado, consciente de las limitaciones fiscales por causa de la pandemia, ajustó sus necesidades y limitó la solicitud de adición a $30.014 millones, sin obtener el aval del Gobierno nacional.
