Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra nueve militares del Ejército Nacional, señalados de participar en la tortura, desaparición y homicidio de un campesino de 27 años, ocurrido el mes pasado en un batallón del municipio de Frontino, departamento de Antioquia.
Según la Fiscalía General de la Nación, la víctima —quien presentaba una discapacidad cognitiva— fue retenida dentro de las instalaciones militares bajo la presunción de pertenecer a un grupo armado ilegal. Allí, los uniformados la habrían sometido a graves agresiones físicas: fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol, permaneciendo en esa condición durante cerca de cinco horas.
De acuerdo con las investigaciones, el campesino murió dentro de un baño del batallón y posteriormente su cuerpo fue arrojado al río Cerro. Tres semanas después, su cadáver fue hallado y trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, que determinó que las torturas sufridas fueron la causa directa de la muerte.
Los militares implicados fueron identificados como el teniente Leider Ortiz, el sargento Andrés Olivio, el cabo segundo Cristian David Córdoba, y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo, Alberto Rojo, Didian Fernando, Jhon Edwin y Neider Oyola. Todos fueron imputados por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada agravada, cargos que no aceptaron.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso, señalando que decidió hacer público el informe interno del Ejército “para garantizar la transparencia” en procesos donde miembros de la fuerza pública estén involucrados en violaciones de derechos humanos.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si hubo omisiones o encubrimientos por parte de otros integrantes de la institución militar.
