La Contraloría General de la República realizó una visita este jueves 6 de marzo a la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para recopilar material probatorio en el marco de nuevas investigaciones sobre presuntas irregularidades en la entidad. Esta acción forma parte del seguimiento a varios escándalos de corrupción, entre ellos la compra de carrotanques para abastecer de agua a La Guajira, proceso que ya está bajo la lupa de los organismos de control.
Las autoridades también investigan otros proyectos financiados por la UNGRD, como la construcción de ollas comunitarias, pozos y jagüeyes en Uribia, donde, según denuncias de la congresista Catherine Juvinao, se han manejado más de 70.000 millones de pesos en posibles contratos irregulares.
En el centro del escándalo también se encuentra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones en el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien actualmente está bajo medida de aseguramiento. Ortiz es señalada por la Fiscalía de estar involucrada en una red de corrupción que habría facilitado el desvío de millonarios contratos de la UNGRD.
Se le acusa de lavado de activos y tráfico de influencias, además de gestionar supuestos sobornos por 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, para asegurar la aprobación de contratos destinados a proyectos de agua en comunidades vulnerables de La Guajira.
Ortiz solicitó el aplazamiento de su audiencia de acusación, lo que ha generado críticas por parte de las víctimas y sus representantes legales. El abogado Pablo Bustos, en entrevista con W Radio, advirtió que la exfuncionaria estaría buscando dilatar el proceso judicial mientras intenta negociar beneficios con la Fiscalía.
Paralelamente, ha surgido un nuevo escándalo en el Instituto Nacional de Vías (Invías) tras la filtración de un archivo de Excel que vincula a 28 congresistas con la presunta repartición irregular de contratos. Este documento, creado por una exasesora del Ministerio de Hacienda, ha generado sospechas sobre la posible existencia de un patrón de corrupción en la asignación de recursos públicos, involucrando a algunos de los mismos actores señalados en el caso de la UNGRD.
La Contraloría continúa con las investigaciones para determinar la magnitud del entramado de corrupción y los responsables de estos hechos, que afectan el uso de los recursos destinados a atender emergencias y mejorar la infraestructura del país.
