El 47.7% del total de las vulneraciones de derechos reportadas por los periodistas, a partir de una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo que se extendió a todas las regiones del país, tiene como responsables a las estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común.
El 21.2% indicó haber sido atacado por líderes políticos, el 13.2% manifestó sentir atacados sus derechos en el ejercicio de su labor por parte de miembros de las Fuerzas Militares, el 12% señaló que fue blanco de comentarios hechos por personas que forman parte de entidades públicas y el 8% denunció haber sufrido vulneraciones por su empleador.
De los encuestados, el 36% manifestó amenazas contra su vida e integridad; el 37%, contra sus derechos a informar y expresarse; el 17%, contra su integridad psicológica, moral y buen nombre; el 10%, contra sus derechos económicos y contractuales.
La intimidación verbal fue el mecanismo más utilizado, dijo el 37.4% de los encuestados; la amenaza telefónica fue el segundo mecanismo, con el 23%, y el 21.4% sostuvo haber sido amenazado a través de las redes sociales.
El estudio da cuenta de un entorno cada vez más hostil para los periodistas y comunicadores sociales, ya que ven su labor constantemente amenazada. Enfrentan numerosos desafíos que ponen en riesgo su integridad, sus derechos laborales y la calidad de la información que brindan al público.
Sus victimarios buscan silenciarlos y restringir la libertad de prensa, razón por la que la Defensoría del Pueblo insta a los grupos armados al margen de la ley y a todo aquel que quiera bloquear el trabajo de los periodistas a respetar sus derechos humanos, su derecho a informar, a no censurarlos, a no obligarlos a la autocensura, pues su trabajo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia.
