El juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, será instalado en febrero en Barranquilla, según confirmó el juzgado que lleva el proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Las audiencias están previstas para realizarse en varias sesiones durante ese mes, con la participación de testigos y presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y la defensa.
El caso judicial se origina en las investigaciones por presuntos recursos irregulares recibidos durante la campaña presidencial de 2022, proceso que ha generado alta atención mediática y política a nivel nacional. La defensa y la Fiscalía deberán exponer sus argumentos en la fase de juicio oral, tras superar la etapa preparatoria.
En paralelo, el juez del caso, Hugo Carbonó, denunció haber recibido amenazas e intimidaciones, por lo que la Unidad Nacional de Protección calificó su situación como de “riesgo extraordinario” y ordenó reforzar su esquema de seguridad con escoltas, vehículo blindado y chaleco antibalas.
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Instalación del juicio en febrero
Las sesiones del juicio están programadas para realizarse en febrero en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Barranquilla, en un proceso que busca determinar la responsabilidad penal del exdiputado del Atlántico. La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro habría incrementado su patrimonio sin justificación y recibido recursos de origen ilícito, mientras que la defensa ha rechazado las acusaciones.
El proceso judicial ha tenido aplazamientos y audiencias preparatorias desde 2023, y se perfila como uno de los casos judiciales más relevantes que involucran a un familiar directo del presidente de la República.
Amenazas contra el juez del proceso
El juez Hugo Carbonó denunció que él y su familia han sido objeto de seguimientos, intimidaciones y amenazas, incluso contra su hija, lo que motivó la evaluación de riesgo por parte de la UNP. Las autoridades señalaron que el nivel de riesgo fue catalogado como extraordinario, por lo que se dispuso un esquema reforzado de protección, incluyendo escoltas, chaleco antibalas y vehículo blindado.
El togado afirmó que las intimidaciones se intensificaron tras las audiencias realizadas en 2025 y por la exposición mediática del caso. Las autoridades investigan el origen de las amenazas, mientras se mantienen las medidas de protección durante el desarrollo del juicio.
