Después de intervenir cerca de 3.800 cuerpos que fueron dispuestos de forma irregular en fosas comunes y monumentos en el Cementerio Central de Cúcuta, los expertos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) han encontrado evidencia que indica que, al menos, 211 de estos restos serían víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado.
El hallazgo se produjo durante la intervención de 10 de los 22 puntos identificados, donde se encontraron cuerpos en bolsas de plástico degradadas por el paso del tiempo, algunos con o sin marcación. Además, se hallaron restos óseos acumulados de manera indiscriminada en bolsas negras e hileras de cuerpos no identificados (CNI) con demarcación irregular.
La intervención judicial realizada en el Cementerio de Cúcuta se da en el marco del Plan Regional de Búsqueda de Cúcuta área metropolitana y frontera en implementación desde 2019 por parte de la Ubpd y las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en 2021, para proteger zonas de interés forense, en donde se podrían hallar víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado. De ahí la necesidad de poner en marcha un Plan Integral e Interinstitucional que trazará la hoja de ruta para proteger sus derechos y los de sus familiares.
“De los 20 procesos de medida cautelar que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha ordenado, el escenario más crítico a nivel nacional, por la magnitud, la gravedad y el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales, es el del Cementerio Central de Cúcuta», expresó la magistrada María del Pilar Valencia, quien lidera esta investigación por parte de la JEP, mientras observaba los cuerpos que reposan sin ningún tipo de demarcación en uno de los osarios colectivos conocido como ‘Dos Cruces’.
Un hallazgo estremecedor
En Norte de Santander hay reportadas más de 4.000 personas dadas por desaparecidas. Para contribuir a restituirles sus derechos vulnerados, la JEP ha adoptado medidas para protegerlos.
Solo en Cúcuta, la evidencia judicial da cuenta de malas prácticas administrativas que los gobiernos locales han aplicado durante años. Esto ha puesto en alerta a la JEP y la Ubpd que se han visto en la necesidad de ordenar e implementar acciones para corregir esta situación y evitar que se repita.
“En el Cementerio Central de Cúcuta hemos puesto en marcha una metodología de análisis forense in situ que ahora aplicamos en todo el país. Nos ha permitido identificar y diferenciar los cuerpos que en algún momento fueron analizados o identificados por el Instituto de Medicina Legal, de los que nunca han pasado por este proceso y podrían corresponder a personas desaparecidas por razones del conflicto armado», señaló Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y agregó: “De esta manera, estamos evitando un reproceso en los análisis forenses y, a su vez, agilizando la entrega de respuestas a las personas buscadoras».
Prácticas recurrentes como la exhumación administrativa y reubicación de cuerpos no identificados en el cementerio sin el debido protocolo y reglamentación, obstruyen y dificultan el objetivo principal de las medidas cautelares adoptadas por la JEP para avanzar en la búsqueda, hallazgo, identificación y entrega digna de las personas que fueron desaparecidas en el conflicto armado.
Sólo en el Monumento San José, uno de los puntos identificados, se encontraron apilados 1.086 cuerpos en bolsas. De este total, 56 cumplen con los criterios para ser considerados posibles víctimas de desaparición. La gran mayoría son cuerpos plenamente identificados, que habían sido sepultados en otras partes del camposanto y que, tras cumplirse el tiempo de ley, fueron exhumados y reubicados por la administración del cementerio, junto a cuerpos de personas sin identificar.
El próximo 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, se realizará la toma de muestras genéticas y testimoniales para orientar las búsquedas y otras acciones que conduzcan a la identificación de las víctimas y, con ello, a la dignificación de las familias buscadoras que depositan su confianza en el Sistema Integral para la Paz.
