La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le exigió al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas para reconfigurar y financiar el Grupo de Acción contra Minas Antipersonas, cuya operatividad, según advirtió el magistrado Camilo Suárez Aldana, está actualmente en crisis por falta de recursos y capacidad institucional.
Durante una audiencia judicial en la que se evalúa el cumplimiento de condiciones técnicas y jurídicas para avanzar en la sanción de proyectos restaurativos por parte de exintegrantes de las FARC-EP, el magistrado urgió al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al presidente Gustavo Petro a adoptar acciones concretas que garanticen el funcionamiento de esta estrategia clave para la reparación de las víctimas.
“Lamentablemente, mientras sesionamos aquí, en algún lugar del país hay niños, madres y campesinos perdiendo extremidades o la vida por culpa de las minas”, afirmó Suárez Aldana, subrayando la gravedad del abandono estatal frente a esta problemática.
La orden judicial también contempla la reactivación de la Dirección de Acción Integral contra Minas, adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con énfasis en la definición urgente de una agenda legislativa y la articulación presupuestal en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Además, se instruyó al Ejecutivo a establecer canales de cooperación internacional para fortalecer las tareas de desminado, aunque se precisó que estos recursos no pueden ser la única fuente de financiación.
La decisión se enmarca en el seguimiento a las obligaciones restaurativas que deben cumplir los comparecientes del antiguo grupo guerrillero, en diálogo constante con las comunidades víctimas del conflicto.
