La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro antiguos comandantes del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP, en el marco del Caso 01, que investiga la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas durante el conflicto armado.
La decisión judicial recae sobre Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’), Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Cancharina’), Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’) y Fabio Gil Forero (‘Norbey Narváez’), señalados por su responsabilidad en secuestros perpetrados entre 1993 y 2016 en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.
De los cuatro exguerrilleros imputados, únicamente Gil Forero había enfrentado investigaciones en la justicia ordinaria. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los exmandos participaron como máximos responsables regionales o como determinadores en la ejecución de la política de secuestros del secretariado de las Farc, al ejercer control directo sobre las tropas, emitir órdenes y permitir la comisión de abusos durante el cautiverio.
El tribunal documentó que durante el tiempo de operación del bloque, las víctimas fueron sometidas a condiciones degradantes, incluyendo torturas, asesinatos, violencia sexual, tratos crueles y desplazamientos forzados. De las 189 víctimas identificadas en el caso (entre secuestrados, familiares y allegados), al menos nueve personas fueron asesinadas o desaparecidas mientras permanecían en cautiverio.
Los secuestros respondieron a dos patrones ampliamente establecidos: obtener financiación para la organización armada y ejercer control territorial en zonas estratégicas. La JEP destacó eventos como la llamada “despedida a Samper”, en la que candidatos y funcionarios fueron secuestrados para debilitar las estructuras democráticas locales y crear vacíos de poder en regiones en disputa.
El Bloque Magdalena Medio operaba con al menos ocho frentes rurales y varias columnas móviles, y además de los secuestros, obtenía recursos mediante extorsión, narcotráfico, minería ilegal y contrabando de gasolina, extendiendo su presencia desde la frontera con Venezuela hasta el centro del país.
