La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves a seis exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC como máximos responsables por el reclutamiento y utilización de menores de edad durante el conflicto armado, dentro del marco del Caso 07, que investiga esta práctica sistemática.
Los comparecientes imputados son Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada). La Sala de Reconocimiento les atribuyó responsabilidad por crímenes cometidos contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo violencia sexual, tortura, homicidios y tratos crueles dentro de las filas guerrilleras.
Según lo dispuesto por la jurisdicción transicional, los implicados tendrán un plazo de 30 días hábiles, hasta el próximo 21 de mayo, para reconocer los hechos y aceptar su responsabilidad, lo que abriría la vía a una sanción restaurativa. En caso contrario, el proceso avanzará por la ruta adversarial, y, de ser vencidos en juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
El Caso 07, denominado ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, ha permitido acreditar hasta la fecha a 10.065 víctimas, de las cuales 8.903 pertenecen a pueblos indígenas, lo que evidencia el impacto diferencial del conflicto sobre comunidades étnicas. Además, el 30 % de las víctimas corresponden a familiares de menores desaparecidos tras ser reclutados por las extintas FARC.
En la segmentación por estructuras de ese grupo armado, el mayor número de víctimas acreditadas se relaciona con el Bloque Sur (255 casos), seguido por el Comando Conjunto Central (107), el Bloque Magdalena Medio (71), el Bloque Noroccidental (60), el Bloque Occidental (52), el Bloque Caribe (34) y el Bloque Oriental (588 casos asociados a distintos hechos).
En atención a esta grave situación, la JEP ordenó la activación de un plan especial de búsqueda junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), con el propósito de encontrar a más de 270 menores reclutados por la antigua guerrilla y cuyo paradero aún es desconocido.
Este nuevo capítulo del proceso transicional marca un avance crucial en el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra la niñez durante el conflicto armado colombiano.
