La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP acreditó como víctimas a cinco personas de la comunidad Lgtbi en el caso 05 que estudia la “situación territorial en la región del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca».
El proceso de acreditación de las víctimas comenzó por solicitud de la Corporación Caribe Afirmativo, que el pasado 9 de marzo denunció ante la JEP un patrón de amenazas, hostigamientos, violencia sexual, detenciones arbitrarias y tentativas de homicidio entre 2005 y 2012 contra miembros de la comunidad Lgtbi en el norte del Cauca.
La corporación pidió acreditación ante la JEP para cinco personas que fueron víctimas de amenazas, torturas, secuestro, persecución, violencia sexual, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio y otros crímenes en los municipios de Miranda, Toribío, Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Padilla y Villa Rica por parte de las Farc–EP y de la fuerza pública, argumentando prejuicios contra sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
Según la Sala, dichos crímenes pueden constituir un delito de lesa humanidad cuando se cometan de manera generalizada o sistemática.
En la decisión, el alto tribunal explicó que la discriminación contra la comunidad Lgbti por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género constituye una grave violación a los derechos humanos.
“La diversidad sexual no puede ser un motivo de agresión ni de violencia en un Estado Social de Derecho que respete la dignidad humana y la democracia».
Así mismo, la Sala accedió a las demandas de verdad solicitadas por las víctimas y reconoció a Alfredo Andrés Bula, subdirector de la Corporación Caribe Afirmativo, como su apoderado, permitiendo su participación en las versiones voluntarias adelantadas en el caso.
La importancia del reconocimiento de las cinco víctimas en la JEP se entiende recordando que en el contexto de la guerra la población Lgtbi ha sido una víctima invisibilizada.
