Por presuntas irregularidades presentadas en la visita administrativa realizada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La investigación se abrió contra el superintendente delegado para la protección de la competencia y otros ocho funcionarios y contratistas de la SIC.
El órgano de control encontró que tras realizar una vigilancia preventiva sobre ese procedimiento, la SIC solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral que es de carácter reservado, y requirió copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares que son de uso personal, entre otras irregularidades.
La Procuraduría, en su informe preventivo, señaló que la visita no contaba con un acto administrativo que la motivara, y las pruebas fueron tomadas por contratistas de prestación de servicios y no por funcionarios públicos.
Por lo evidenciado en la vigilancia realizada a la visita de la SIC, la Procuraduría abrió investigación con el fin de determinar la responsabilidad disciplinaria en las posibles vulneraciones al ordenamiento jurídico, así como a las garantías fundamentales del debido proceso y la coacción para entregar información personal asociada al derecho a la intimidad de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Al respecto, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguró que durante esas visitas a la empresa contratista Thomas Greg & Sons y a la Registraduría, no se llevaron computadores ni teléfonos.
“Solo estamos verificando si en el desarrollo de las licitaciones de los pasaportes se incurrió en conductas ilícitas” y aclaró que dichas visitas están “fundamentadas” y así se “demostró jurídicamente”.
A los señalamientos que le hicieron por estar supuestamente siguiendo una orden directa del presidente Gustavo Petro para realizar las actuaciones administrativas a la Registraduría, enfatizó que dicha instrucción no fue recibida y que están realizando las investigaciones, en el marco de un proceso que lleva semanas.
“No he recibido jamás una orientación del Gobierno en el sentido de a quién debo o no investigar; A mí se me ha respetado totalmente mi autonomía. De hecho, eso no fue una exposición mía discrecional de último momento, en esta investigación se venía avanzando desde hace varias semanas por parte de la delegatura para la competencia y lo que a mí sí me quedaba muy mal era decirles, ‘no, eso no lo investiguen, porque puede generar polémica, eso no lo investiguen porque de pronto va a molestar, va a incomodar’. No, como funcionarios públicos nos corresponde investigar todo lo que consideremos que se tenga que hacer con base en indicios, en pruebas, al entrar las investigaciones”, advirtió la superintendente.
