La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades del orden nacional, departamental y local a poner en marcha medidas que permitan atender lo que ha descrito como una crisis humanitaria que los habitantes Juradó y sus alrededores.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis destacó que “los homicidios y el aumento de las amenazas agudizan cada vez más la crisis humanitaria que desde hace varios días padecen los habitantes de Nuquí, Juradó y Bahía Solano.
Necesitamos que nuestro llamado sea atendido: es urgente la implementación de un plan integral de protección de los derechos humanos de toda la población de la subregión chocoana del Pacífico Norte”.
De acuerdo a una comunicación del ente de control es tan crítico el temor de la población civil, que los denominados lancheros suspendieron el servicio de transporte público de pasajeros. Se niegan a hacer viajes, y hoy sus embarcaciones permanecen en los puertos de embarque.
De acuerdo con el propio testimonio de la comunidad, uno de los transportadores, fue interceptado por criminales y obligado a detenerse cuando se dirigía de Juradó a Bahía Solano, luego con armas de fuego, le ordenaron a un joven bajarse de la embarcación, quien, sin tener otra opción, debió hacerlo.
Asimismo, destacan que en Juradó, muy cerca de la cabecera municipal, fue encontrado el cuerpo de una persona, y hay alrededor de 30 personas amenazadas de muerte por grupos armados ilegales, todas buscan salir del pueblo para proteger su integridad y vida.
“Quieren desplazarse hacia Panamá, donde tienen familiares, pero no pueden hacerlo porque no están sellando pasaportes en Migración Colombia. La razón es que las oficinas de esa entidad gubernamental en Bahía Solano y Juradó suspendieron los servicios porque sus funcionarios argumentaron sentirse inseguros”, indicó Carlos Camargo Assis.
En Bahía Solano, el 12 de diciembre, ilegales dejaron un cadáver en el casco urbano, y al día siguiente también fue ultimada una persona; en la parte superior de su cuerpo dejaron un panfleto amenazante cuyo texto estaba firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).
En Nuquí, el mismo 13 de diciembre fue encontrado el cuerpo de un hombre, también con un cartel de las AGC, en el sitio que conduce, por el margen de la playa, al corregimiento Tribugá.
Vía WhatsApp, los habitantes de los tres municipios han venido recibiendo un volante con amenazas de muerte, adicionalmente, no salen de sus casas después de las siete de la noche por temor a ser blanco de los actores armados al margen de la ley. Ello ha generalizado el temor de las comunidades afro e indígenas.
El 14 de diciembre se desplazaron, por la agudización del conflicto entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 68 personas (alrededor de 10 familias y un concejal electo de Juradó) desde la subregión del Pacífico Norte hacia Buenaventura en un buque de la Armada Nacional.
“Hace un par de días, en consejo extraordinario de seguridad, nuestro Defensor Regional Chocó solicitó más presencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Sea esta también la oportunidad para reiterar la presencia sólida de la fuerza pública en la subregión del Pacífico Norte, que infortunadamente se convirtió en campo de enfrentamientos por el control territorial y social entre los grupos armados ilegales”, fue el otro llamado del Defensor del Pueblo.
