La Defensoría del Pueblo presentó ante el Gobierno Nacional un informe donde se detalla que 402 municipios y 16 subregiones presentan riesgo electoral por culpa de las operaciones de grupos armados ilegales en sus territorios, de cara a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Ante esta situación, la entidad pide fortalecer las medidas de protección a los candidatos participantes de los comicios.
«Por el trabajo en terreno se pudo establecer que son 78 los municipios que tienen un nivel de riesgo extremo, en donde hay disputa entre grupos armados ilegales o con la fuerza pública; hay economías ilegales; vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado», advierte el documento.
Además otros 176 municipios presentan riesgo alto y 164 más tienen riesgo medio.
De acuerdo al informe, los candidatos, miembros de partidos políticos, excombatientes y militantes del partido Farc, lídere sociales, defensores de derechos humanos, miembros de grupos étnicos y funcionarios públicos encargados de vigilar las elecciones son el principal blanco de los violentos.
Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca se ubican como las zonas del país más peligrosas en la época de campaña electoral para los candidatos.
Además el defensor del Pueblo, Carlos Negret, explicó que los grupos armados «que tienen capacidad de injerencia o perturbación en los comicios: ELN; EPL; AGC; las autodenominadas disidencias de las Farc-EP; los Grupos Armados Ilegales Post Desmovilización de las AUC (por ejemplo Caparros, Pachenca, Rastrojos, la Oficina del Valle de Aburrá); otros grupos armados ilegales – GDO (por ejemplo Pacheli, La Constru, Cordillera y otras bandas organizadas) y algunas expresiones armadas sin posibilidad de determinar su origen o nombre”.
