En un encuentro calificado como respetuoso y constructivo, el Gobierno nacional, representantes de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y las principales asociaciones del sector alcanzaron un primer acuerdo que busca hacer frente a la difícil coyuntura que atraviesa la cadena arrocera en Colombia.
El documento firmado establece compromisos urgentes y estructurales para salvaguardar la producción nacional, garantizar precios justos a los productores y avanzar en la sostenibilidad del sector a largo plazo.
Entre los puntos centrales del acuerdo, el Gobierno se comprometió a expedir dos actos administrativos que establecerán un régimen de libertad regulada con precios mínimos de referencia, tanto para el arroz paddy verde como para el arroz blanco. Esta medida busca dar mayor estabilidad económica a los productores y a la industria, frente a las fluctuaciones del mercado.
Así mismo, se acordó la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, una estrategia que articulará todos los eslabones de la cadena en una ruta conjunta de largo plazo. Este plan busca garantizar la soberanía alimentaria nacional frente a posibles impactos del comercio internacional.
Como muestra de voluntad, el acuerdo incluye el compromiso de la industria de comprar el arroz disponible bajo las actuales condiciones de comercialización y, una vez entren en vigor los precios regulados, pagar a los productores la diferencia entre el precio pactado y el establecido en la normativa oficial.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció que el próximo lunes, a las 10 de la mañana, se instalará una mesa de diálogo y negociación permanente con los voceros del sector. “Este acuerdo permitirá a los productores mantener precios que cubran los costos de producción y brinden estabilidad a toda la cadena”, señaló la funcionaria a través de su cuenta en la red social X.
Adicionalmente, el Gobierno implementará una salvaguardia sobre el arroz, en el marco de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 101 de 1993, con el fin de proteger la producción interna ante riesgos del comercio exterior.
“El Gobierno nacional reitera su compromiso con una política agropecuaria que garantice ingresos mínimos dignos para los productores, sostenibilidad para la industria y, de manera prioritaria, la soberanía alimentaria del país”, concluye el comunicado oficial.
