El Gobierno nacional confirmó que reactivará la fumigación con glifosato para erradicar cultivos ilícitos de coca, esta vez mediante la aspersión terrestre con drones, informó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, este lunes 22 de diciembre en Bogotá.
La medida se implementará principalmente en zonas en donde grupos armados ilegales obligan a campesinos a sembrar hoja de coca y donde las comunidades rechazan programas de sustitución voluntaria, según explicó el funcionario en rueda de prensa.
La estrategia forma parte de un cambio en la política antidrogas del Gobierno de Gustavo Petro, que hasta ahora había descartado la fumigación con este herbicida por sus potenciales efectos ambientales y de salud, y busca ser una herramienta más focalizada y controlada en territorios de conflicto.
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Gobierno confirma fumigación con glifosato mediante drones
El anuncio realizado este lunes por el ministro de Justicia encargado ratifica decisiones que el Ejecutivo ya había venido anticipando en los últimos días para reactivar el uso de glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos. La confirmación oficial se da después de que, durante la semana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantara la medida en escenarios de seguridad, dejando claro que la estrategia ya estaba en marcha dentro del Gobierno.
A diferencia de la aspersión aérea tradicional —prohibida por la Corte Constitucional desde 2015—, el nuevo esquema contempla una fumigación terrestre mediante drones, con control visual permanente sobre los cultivos intervenidos. De acuerdo con fuentes oficiales, la aplicación del herbicida se hará a una altura máxima aproximada de 1,5 metros sobre la planta, con el objetivo de reducir la dispersión y focalizar la acción sobre áreas específicas.
Zonas priorizadas y contexto de seguridad
La estrategia, según explicó previamente el ministro Benedetti, se aplicará principalmente en territorios donde grupos armados ilegales obligan a comunidades campesinas a sembrar hoja de coca. La decisión se toma en paralelo a una erradicación manual que se encuentra rezagada en varias regiones del país y en medio de un recrudecimiento de hechos violentos atribuidos a estructuras criminales que controlan economías ilícitas.
El Gobierno sostiene que la fumigación con drones busca responder a contextos donde la erradicación voluntaria o manual no ha sido viable por amenazas directas contra la población y las autoridades, priorizando escenarios donde la coerción armada limita cualquier otra alternativa.
Una medida polémica y llena de tensiones
El uso del glifosato ha sido históricamente uno de los temas más controversiales de la política antidrogas en Colombia. A lo largo de los años, comunidades, organizaciones sociales y expertos han advertido sobre los posibles riesgos ambientales y para la salud humana, además de las afectaciones sociales derivadas de su implementación sin una adecuada concertación territorial.
La suspensión de la aspersión aérea por orden de la Corte Constitucional marcó un punto de quiebre en el debate. Ahora, el Gobierno de Gustavo Petro -quien fue un crítico abierto del herbicida y durante la campaña presidencial de 2022 prometió no utilizar glifosato— opta por un modelo focalizado con drones, buscando mitigar impactos y concentrarse en áreas donde la presión armada es determinante. No obstante, la decisión contrasta con sus posiciones públicas del pasado y reabre cuestionamientos políticos y éticos.
Advertencias académicas y nuevos interrogantes
Un análisis reciente de la Universidad del Externado de Colombia advierte que la reactivación de contratos y estrategias que incluyen el uso de glifosato no solo tiene implicaciones políticas, sino también ambientales y de derechos humanos. El estudio señala posibles consecuencias sobre la salud y los ecosistemas, así como la necesidad de fortalecer mecanismos de consulta y control antes de su implementación.
La reanudación de esta estrategia se da en un contexto de creciente presión nacional e internacional por el aumento de los cultivos de coca y las dificultades persistentes en la lucha antidrogas. En ese escenario, la fumigación con drones plantea nuevos interrogantes sobre su efectividad real, sus repercusiones sociales y el impacto que tendrá en comunidades rurales históricamente afectadas por la violencia y el abandono estatal.
