El Gobierno nacional prepara el proyecto de reforma laboral, en cabeza de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. La propuesta, busca aumentar el recargo dominical o festivo del 75 % al 100 %.
“El trabajo en domingo o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tengan derecho el trabajador por haber laborado la semana completa”, indica el documento.
El texto agrega que, si el domingo coincide con otro día de descanso remunerado, el empleado solo tendrá derecho si trabaja, al recargo establecido en el anterior artículo.
Además, indica que exceptuaría el caso de la jornada de 36 horas semanales previstas en el Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por su parte, se establecería que se comprenda el trabajo diurno desde las seis horas (6:00) y las dieciocho horas (18:00) y el trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las dieciocho horas (18:00) y las seis horas del día siguiente (6:00).
La propuesta del texto que se encuentra en una discutición en una mesa tripartita entre el Gobierno, los gremios y las centrales obreras, propondría que “los (as) adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde”.
En este sentido, los adolescentes mayores de diecisiete (17) años sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 420 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.
La propuesta, también establece la regularización de los trabajadores migrantes, los cuales “sin consideración a su nacionalidad o situación migratoria en el país gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley”.
Añade que el estatus migratorio “no será óbice para exigencia a las garantías laborales y de seguridad social. Sin embargo, una vez iniciado el contrato de trabajo, se deberá facilitar la regularidad migratoria del trabajador”.
Finalmente, la propuesta del Gobierno agrega que para poder despedir o terminar contrato a madres o padres cabeza de familia, sin otra alternativa económica, Personas con discapacidad, Mujer en estado de embarazo y hasta los seis meses después del parto o su cónyuge o compañero, y prepensionados, la persona empleadora necesita la autorización judicial.
