El presidente Gustavo Petro dejó en firme la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, principal cabecilla de la banda delincuencial ‘La Inmaculada’, quien será enviado a Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico.
El Ministerio de Justicia confirmó la decisión mediante un oficio fechado el pasado 26 de enero, firmado por Andrés Idárraga, quien se encuentra encargado de la cartera. La resolución pone fin al recurso de reposición que había presentado la defensa del narcotraficante.
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Rechazado recurso de reposición
La defensa de ‘Pipe Tuluá’ alegaba que en Colombia ya hay sentencias condenatorias contra su cliente, una de ellas a 30 años de cárcel por 46 homicidios, argumentando que debían cumplirse primero en territorio nacional antes de autorizar su extradición.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia respondió en un documento de 10 páginas que la Corte Suprema de Justicia ya había dado luz verde a la extradición, lo que valida completamente el trámite administrativo.
Cargos en Estados Unidos
Silva Marín responderá en Estados Unidos por tres cargos ligados a la presunta concertación para traficar droga y su comercialización en el mercado ilegal.
El narcotraficante permanece detenido en la estación policial Los Mártires de Bogotá, después de que el presidente Petro concediera el envío a Estados Unidos mediante la resolución 440 del 4 de diciembre del año pasado.
Paradoja con la paz total
El caso presenta una situación particular, ya que ‘La Inmaculada’, banda delincuencial del norte del Valle del Cauca liderada por Andrés Felipe Marín, busca entablar diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El Ministerio de Justicia justificó la decisión señalando que «no resultaba conveniente diferir la entrega del requerido» debido a «la necesidad de dar curso a la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad transnacional».
Según el ministro Idárraga, aunque queda un último recurso disponible para la defensa, «a estas alturas difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos» que puedan revertir la decisión.
