La Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud para llevar a audiencia de imputación al excanciller Álvaro Leyva Durán, por su presunta responsabilidad en las decisiones que rodearon la cuestionada licitación de los pasaportes.
De acuerdo con el ente investigador, Leyva habría incurrido en prevaricato por acción en concurso homogéneo, al declarar desierta la licitación sin que existieran motivos jurídicos suficientes para justificar la medida, lo que implicaría un desconocimiento de los principios que rigen la contratación pública. La determinación del exministro ya le había representado una sanción previa: su destitución e inhabilidad por 10 años.
La Fiscalía sostiene que el excanciller habría expedido varios actos administrativos inconsistentes con la normativa vigente. Esta controversia se da en medio de las críticas por la continuidad de contratos con Thomas Greg & Sons, pese a la oposición del presidente Gustavo Petro, mientras avanza la implementación del nuevo esquema liderado por la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal.
