La Fiscalía General de la Nación reveló este lunes 29 de diciembre la desarticulación de una red ilegal dedicada a la comercialización de expedientes y pruebas judiciales, en la que estarían involucrados funcionarios adscritos al CTI y a la DIJIN.
De acuerdo con las investigaciones, cuatro servidores públicos (dos de cada organismo) habrían utilizado su acceso a procesos judiciales en curso para obtener de manera indebida información reservada, la cual posteriormente era entregada a personas vinculadas con estructuras de narcotráfico, a cambio de elevadas sumas de dinero.
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El ente acusador estableció que la organización cobraba entre 400 y 1.000 millones de pesos por la entrega de expedientes completos, elementos materiales probatorios y otros documentos clave para favorecer a los implicados en las investigaciones.
La Fiscalía señaló que los hechos estarían relacionados con al menos tres procesos judiciales adelantados entre 2014, 2019, 2024 y 2025, en los que se habría eliminado evidencia, ocultado bienes y filtrado información sensible. Parte del material fue entregado en memorias USB durante encuentros realizados en Villavicencio y Bogotá.
Por ahora, las autoridades no han revelado los nombres de los funcionarios implicados ni los detalles de los casos afectados, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.
