La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre la finalización del contrato de prestación de servicios de alimentación para las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria, la cual se hará efectiva el próximo 30 de junio. A partir de esa fecha, la responsabilidad recaerá en las entidades territoriales, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 2346 de 2024.
La ley establece que alcaldías y gobernaciones serán las encargadas de garantizar la alimentación de los detenidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en todo el país. Para ello, cada gobierno local debe presentar y ejecutar planes de atención que aseguren la continuidad del servicio a partir de julio de este año.
Ante la inminente finalización del contrato, los órganos de control han instado a las autoridades locales y al Ministerio de Justicia y del Derecho a definir estrategias concretas para la implementación del nuevo esquema de alimentación. Esto con el objetivo de evitar afectaciones a la población sindicada y garantizar condiciones dignas de reclusión.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación verificarán la información entregada por las entidades territoriales para garantizar el cumplimiento de la normativa. Además, reportarán cualquier irregularidad a la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario y Carcelario de la Corte Constitucional.
De manera simultánea, la Contraloría adelanta una Auditoría de Cumplimiento a las 125 cárceles del país, incluyendo Centros de Detención Transitoria y URIs, con el fin de evaluar la gestión del sistema penitenciario y carcelario en Colombia.
