La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo exhortaron al Gobierno nacional a garantizar la efectividad y cumplimiento de las medidas contempladas en el decreto que reconoció como enfermedad laboral el covid-19 (Decreto 538 de 2020), adoptado para proteger a los trabajadores del sector salud durante la pandemia.
En comunicación enviada a los ministros de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez y de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, pidieron implementar estrategias que permitan resolver la falta de protección que registran algunos profesionales de esta área y las dificultades presentadas al momento de brindarles atención médica, pues no es suficiente la expedición de la norma y las instrucciones. Precisaron que la garantía cierta de los derechos de los trabajadores de la salud es inaplazable.
En la misiva indicaron que se debe fomentar el cumplimiento del protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia generada por el Covid-19, lo que debe incluir la entrega de elementos de protección personal con calidad, suficiencia, capacitación y entrenamiento, así como el seguimiento al personal afectado por atender casos sospechosos o confirmados del virus.
Pidieron asignar los recursos y realizar las gestiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones salariales, honorarios y otras formas de prestación de servicios, aspecto en el que se ha avanzado, aunque precisaron que persisten deudas laborales, razón por la cual el Ministerio Público, los gremios del personal sanitario y los trabajadores requieren tener un panorama cierto y claro de esa situación.
También requirieron la implementación de estrategias que permitan una formalización laboral incluyente, justa y equitativa de todo el personal al servicio del sector, que asegure su estabilidad y bienestar físico, mental y social, dada la importancia que representa su labor para toda la comunidad.
Señalaron que la modalidad de contratación por prestación de servicios para más de la mitad de los trabajadores del sector se ha convertido en un factor adicional de inestabilidad laboral, y agregaron que son persistentes las quejas por mora, retrasos y rezagos en el pago de salarios y seguridad social al personal de hospitales y clínicas.
“Resulta imperativo que los trabajadores estén protegidos contra las enfermedades laborales y las afectaciones resultantes de su ejercicio laboral, que sus salarios atrasados sean cancelados y que se les garantice el trabajo decente y, en general, que sus derechos sean protegidos en la normatividad, instrucciones y acciones”, precisaron.
Finalmente, solicitaron que tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo sean convocadas a los escenarios donde se discutan los temas relacionados con las condiciones laborales del sector salud, como garantes de los derechos de los trabajadores y de la formulación de la política pública en la materia.
