La Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años de cárcel a José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca (2012–2015), tras hallarlo responsable de delitos relacionados con corrupción en la contratación pública y apropiación indebida de recursos estatales destinados al sector educativo.
El caso se originó luego de un reporte emitido en 2017 por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el cual evidenció millonarios depósitos hechos a cuentas personales de Castillo por personas asociadas a contratos adjudicados durante su mandato. Estas transacciones levantaron sospechas y dieron paso a una investigación de la Fiscalía.
La investigación reveló que el exgobernador firmó contratos con empresas vinculadas al contratista Óscar Evelio Durán Rodríguez, entre ellos los contratos 362 de 2012 y 497 de 2013, orientados a la dotación de mobiliario y materiales escolares para las instituciones educativas del departamento. Sin embargo, se detectaron múltiples irregularidades: cotizaciones falsas, limitación de la libre competencia mediante condiciones excluyentes, y sobrecostos en los productos entregados.
Uno de los hallazgos más graves fue la fragmentación de proyectos bajo una sola licitación, lo que redujo la participación de proveedores y favoreció a los consorcios seleccionados. Además, los valores pagados superaron ampliamente lo que realmente fue entregado, generando un detrimento patrimonial superior a los 1.400 millones de pesos.
El alto tribunal concluyó que Castillo Cisneros participó activamente en todas las etapas del proceso contractual y omitió su deber legal de velar por la legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Las justificaciones presentadas por su defensa fueron desestimadas por falta de pruebas.
Con esta sentencia, la Corte reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción en la administración pública, especialmente cuando afecta directamente a sectores sensibles como la educación.
