Un juez penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la medida de aseguramiento domiciliaria contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero,…
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Un juez penal del circuito de Medellín, en segunda instancia, revocó la medida de aseguramiento domiciliaria contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y ordenó su traslado a un establecimiento carcelario. La decisión se produjo luego de resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación por presuntas irregularidades en contratación pública.
El procesado fue vinculado formalmente al caso en septiembre de 2026 por su supuesta participación en el direccionamiento irregular de seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Antioquia. Según el ente acusador, estas operaciones habrían ocasionado un detrimento patrimonial superior a los 2.481 millones de pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Las investigaciones señalan que los acuerdos, ejecutados entre 2019 y 2023, tenían como finalidad fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar labores de prevención y atención de desastres, desarrollar procesos de formación bomberil y suministrar kits para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, la contratación se habría realizado de manera directa sin cumplir los requisitos legales. Además, los investigadores identificaron posibles sobrecostos en los kits entregados durante la pandemia, así como pagos por servicios de transporte y recargas de teléfonos celulares que presuntamente nunca se prestaron.
Con la decisión de segunda instancia, Miguel Andrés Quintero Calle deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro penitenciario, mientras avanza el proceso judicial en su contra por las presuntas irregularidades en los contratos públicos.
