La Procuraduría General de la Nación advierte a las entidades que están ejecutando contratos con los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados para que inicien el proceso de cesión de los mismos, previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuera posible, renunciar a su ejecución.
Esta advertencia fue realizada durante las visitas ordenadas por la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en virtud de la competencia preventiva ejercida al proyecto Centros Digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MinTIC–.
El órgano de control identificó 8 contratos que están en ejecución con un alto riesgo de verse afectados por la declaratoria de caducidad del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020, celebrado con la Unión Temporal Centros Poblados.
“Estos negocios jurídicos fueron suscritos por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%), como personas jurídicas independientes o como parte de otros consorcios o uniones temporales con distintas entidades estatales”, señala.
Funcionarios de la Procuraduría adelantaron visitas al Instituto Nacional de Vías –Invías– donde encontraron cinco contratos que ascienden a $603.046.586.043; al Instituto de Desarrollo Urbano –IDU– donde documentaron dos por $17.696.394.301 y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con uno por $25.536.178.560.
“El Ministerio Público recaudó los documentos que conforman los expedientes de los contratos en ejecución, celebrados con las sociedades que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados; indagaron por las actuaciones adelantadas con posterioridad a la declaratoria de caducidad del Contrato N.° 1043 de 2020 y verificaron las gestiones realizadas, tendientes a comprobar la autenticidad de las pólizas y garantías correspondientes”.
En ese sentido, conminaron a las entidades a adelantar las acciones legales y contractuales que garanticen la protección del patrimonio público y el ordenamiento jurídico.
Finalmente y a efectos de la declaratoria de caducidad del contrato, la entidad amplió la acción preventiva para que desde las procuradurías regionales, provinciales y distritales y la Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, se realice el mismo proceso en otras entidades del orden nacional, así como en las gobernaciones y alcaldías.
Esto, con el fin de obtener el soporte de los contratos, procesos de selección, verificación de requisitos, pólizas, garantías y las acciones adelantadas con respecto a las empresas que hacen parte de la UT Centros Poblados 2020.
