Emilio Tapia, figura central en el escándalo de corrupción conocido como Centros Poblados, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, aceptando su responsabilidad en tres delitos imputados.
Durante una audiencia, Tapia se declaró culpable de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal, comprometiéndose a cumplir una pena de seis años de prisión.
“Sí, señor juez, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, en el entendido que los delitos se cometen por acción y omisión”, declaró el empresario.
Como parte del acuerdo, el empresario deberá restituir 5.000 millones de pesos, de los cuales ya ha abonado 2.500 millones. El saldo restante será cubierto mediante la entrega de bienes ubicados en diversas regiones del país.
El caso de Centros Poblados estalló cuando se reveló que Tapia desvió fondos destinados a un contrato del Ministerio de las TIC para llevar internet a zonas rurales de Colombia; la situación se agravó al descubrirse el uso de documentación falsa, lo que también implicó a varios funcionarios del gobierno de Iván Duque.
El contrato en cuestión superaba el billón de pesos, pero fue suspendido tras confirmarse que las empresas contratadas carecían de la capacidad necesaria para ejecutar las obras.
Ahora, Tapia se convertirá en testigo del caso y el preacuerdo alcanzado deberá ser ratificado por un juez el próximo 18 de diciembre.