Nueve contratistas de la Gobernación del Cauca fueron secuestrados por disidencias de las FARC cuando realizaban una labor humanitaria en el municipio de López de Micay. El grupo estaba conformado por dos hombres y siete mujeres que cumplían tareas orientadas a promover la participación ciudadana y acercar programas sociales del Estado a comunidades apartadas del departamento.
La Gobernación denunció que el hecho ocurrió la noche del jueves, mientras el equipo desarrollaba actividades de carácter civil y social. A través de un comunicado, la administración departamental exigió la liberación inmediata de los secuestrados, subrayando que se trataba de personas dedicadas al servicio público y ajenas a cualquier operación militar.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó enérgicamente el secuestro y calificó lo ocurrido como una violación del Derecho Internacional Humanitario. “Estos funcionarios son padres, madres, hijos y hermanos que solo querían ayudar a quienes más lo necesitan”, afirmó el mandatario.
El secuestro fue atribuido por el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más fuerte de las extintas FARC, que argumentó que los contratistas presuntamente estaban involucrados en tareas de apoyo al Ejército, una versión desmentida por las autoridades departamentales.
El Cauca continúa siendo una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia. A esta grave situación se suma el asesinato, el mismo día, de dos policías en el caserío de San Joaquín, municipio de El Tambo, lo que refleja el alto nivel de inseguridad que persiste en el departamento pese al proceso de paz.
