La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió este lunes que el rechazo a la ley de financiamiento no solo afecta al Gobierno, sino a todos los colombianos, al limitar los recursos necesarios para ejecutar programas en educación, salud y servicios públicos.
Según la entidad, Colombia deja de percibir más de $100 billones anuales debido a la evasión fiscal. Para combatir esta problemática, el proyecto de ley proponía recompensar denuncias de evasión y contrabando, limitar el uso de efectivo al 20% en costos y deducciones, y prohibir beneficios tributarios a quienes no estuvieran al día con la Retención en la Fuente.
“Es inconcebible que nuestro Congreso le haya dicho no a estas medidas”, expresó la Dian, destacando también que el articulado buscaba gravar bienes suntuarios no relacionados con la actividad empresarial, como fincas de recreo o propiedades en el extranjero registradas como deducciones.
El proyecto incluía, además, impuestos a las apuestas en línea, una medida que la Dian defendió como equitativa frente a los tributos que pagan los juegos de azar tradicionales, licores y cigarrillos. “El país debe preguntarse qué intereses tienen los congresistas que rechazaron esta propuesta”, señaló.
Entre las medidas más significativas, se contemplaban:
- Reducción del impuesto de renta: Bajaría progresivamente del 35% al 30% para empresas en general y disminuiría ocho puntos para micro y pequeñas empresas.
- Exención de IVA para hoteles: Beneficiaría a más de 1.050 municipios para fomentar el turismo y la economía local.
- Bonos para energías renovables: Incentivarían inversiones en fuentes sostenibles.
- Alivios tributarios: Ofrecerían reducciones en sanciones e intereses a deudores.
La Dian enfatizó la necesidad de una reforma tributaria estructural y profunda que revise las exenciones fiscales bajo criterios de costo-beneficio, con análisis antes y después de su implementación.
«Nuestro sistema tributario actual no garantiza el recaudo suficiente para financiar programas esenciales. Por ello, los gobiernos seguirán impulsando reformas cada uno o dos años mientras no se aborden los problemas de fondo”, concluyó la entidad.
