Con respecto al año pasado, el desplazamiento masivo y forzado en Colombia se duplicó en el primer semestre de 2021, y se produjeron 102 eventos que afectaron a 44.290 personas de 15.340 familias, de acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo.
Los datos del año anterior arrojaban que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 hubo 41 eventos de desplazamiento que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.
«Vemos un aumento del 100% en los eventos de desplazamiento, pero vemos un aumento del 256% en el universo de personas afectadas», dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien además, subrayó «el incremento significativo y la disparada» de este fenómeno.
Además del desplazamiento forzado, en los primeros seis meses del año también se produjeron 68 eventos que afectaron a 192 comunidades con 36.101 personas.
«Hemos visto un incremento por situaciones tanto de seguridad (…) y también conforme a la dinámica que nos ha traído la pandemia, donde los actores ilegales se han valido de esta situación de confinamiento en muchas comunidades para lograr el control territorial de rutas y de la explotación irregular de minerales», comentó el funcionario.
Las principales causas que provocaron el desplazamiento o el confinamiento forzado fueron las amenazas, los homicidios y el reclutamiento forzado de menores, pero también se produjeron por la presencia de artefactos explosivos o por los choques entre grupos armados entre ellos o con el Ejército.
Se trata de casos como los 1.946 indígenas y campesinos que se vieron obligados a desplazarse desde Tierralta, en el norte del país, desde mediados de abril por los «continuos combates» entre la fuerza pública y un grupo armado, y de los cuales más de 467 familias llevan tres meses asentadas en el parque central de la ciudad de Montería.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades que tomen medidas urgentes para controlar la violencia y las amenazas que provocan estos fenómenos.
También anunció que desde esta institución van a activar una «ruta de prevención», que refuerce el sistema de alertas tempranas que envía la Defensoría a las autoridades y fuerzas de seguridad, y que de esta manera permita hacer un mayor seguimiento a la situación alertada.
Así, se centrarán en impulsar «acciones de prevención y protección con enfoque territorial y diferenciado para proteger de los escenarios de riesgo proyectados a las comunidades amenazadas» y en gestionar «acciones interinstitucionales» para que las alertas no sean desatendidas por las instituciones.
