Como resultado de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la organización DeJusticia, que se ha especializado en derecho, justicia y sociedad, llamó a los colombianos a una reflexión sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos desde la perspectiva de la desigualdad social existente en nuestro país.
DeJusticia insiste en que es importante prestar especial atención a la desigualdad como uno de los puntos de análisis cuando se trata de proponer alternativas de solución al problema del incumplimiento de los derechos fundamentales, amparado por la Constitución Política que en el artículo 13 establece: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.
Sin embargo, la satisfacción de los derechos, no garantiza “por sí mismo” el cumplimiento de manera igualitaria a todas las personas. De manera más sencilla y para mayor entendimiento, se puede decir, por ejemplo, que las entidades prestadoras de salud en La Guajira, garantizan que más del 80% de las comunidades indígenas tengan un carnet y estén afiliados en algún sistema de salud, lo que posibilita efectivamente el cumplimiento a su derecho fundamental, pero si lo vemos de manera práctica, la marcada brecha de desigualdad en la atención a estas comunidades y a la población más pobre, impide que se cumpla efectivamente el goce natural del derecho y que el servicio no sea oportuno, de calidad y pertinente.
En el 2020, la pandemia terminó por exacerbar estas brechas, tal como lo relata DeJusticia, y la pobreza llegó al 42,5% de la población según las cifras reportadas por el Dane. Esta desigualdad tiene consecuencias negativas en muchos niveles, lo advierte Rodrigo Uprimny Yepes, jurista e investigador senior de DeJusticia, al afirmar que la desigualdad debilita el capital humano, fomenta la desconfianza social, menoscaba la solidaridad entre los ciudadanos y aumenta los niveles de pobreza.
Si bien recalca que la garantía de los derechos fundamentales de las personas debe ser un trabajo de obligatorio cumplimiento en todo el territorio, lo es también, lograr que se haga de manera igualitaria para todas las personas sin importar su clase social. Esto generaría no solo un piso sólido para la sociedad, sino brindaría un techo seguro para todas las personas y una sociedad más equitativa.
Así las cosas, en La Guajira, la infraestructura para brindar acceso al agua potable; la disminución del tiempo que emplean las mujeres y niños wayuú en la búsqueda de agua; la rehabilitación de la infraestructura física escolar a la población educativa; el mejoramiento del estado de salud de los niños, niñas mujeres gestantes, lactantes y personas mayores de la comunidad; la disminución de casos de enfermedades en el entorno educativo con prácticas saludables respetando los usos y costumbres de la comunidad y facilitar el acceso a alimentos para consumo e iniciativas productivas en la comunidad, se han convertido en algo imposible de alcanzar para las comunidades indígenas, lo que remite a un proceso de discriminación y tratamiento racista.
Viéndolo de esta manera, no basta la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, también es necesario lograr el goce efectivo y equitativo de los derechos. No basta entonces con la construcción 21 módulos de pilas públicas, como única solución al goce efectivo del suministro de agua potable, es necesario que cada una de las personas que no tienen acceso al agua logren satisfacer esta necesidad garantizando un suministro universal que les permita no solo el abastecimiento de 5 litros per cápita, sino que además se les garantice un suministro permanente, suficiente para preparar alimentos y usos domésticos.
De la misma manera, no basta con garantizar la entrega de mercados o suministros de refrigerios en las escuelas, es importante lograr acceso sin restricción a los centros educativos con programas de calidad, y garantizar en las comunidades indígenas proyectos productivos con sostenibilidad y seguimiento, que garanticen comunidades con soberanía alimentaria (alimentos producidos por ellos) y no con seguridad alimentaria (alimentos que compran ellos).
Lo mismo ocurre con el acceso a los servicios públicos como energía y conectividad, en un territorio donde se firman diariamente títulos de explotación minera, sin que los más pobres logren algún tipo de beneficios igualitarios y donde la electricidad o suministro de luz quede reservado para las casetas de vigilancia de los parques eólicos.
En cuanto al acceso a la información, se están viendo ejercicios aislados en el territorio, pero ya es hora que se logren implementar programas y estrategias con difusión universal en wayuunaiki, de las diferentes órdenes judiciales, decretos, oficios, decisiones e incluso programas que impacten la vida de las comunidades indígenas de la península. Solo así se lograrán las convicciones para la toma de decisiones, participación política e incluso acceso a bienes y servicios que se oferten de manera pública.
Es necesario que sea una normativa la prestación de cualquier tipo de servicios en wayuunaiki en consistencia con la Ordenanza 01 de 1992, por la cual se declara lengua oficial del departamento de La Guajira, para lograr la atención igualitaria en salud, educación, registro civil, atención al ciudadano o cualquier tipo de establecimiento público que se encuentre en un territorio mayoritariamente indígena.
La lista de las reivindicaciones es larga si queremos lograr un nuevo contrato social, como lo expone DeJusticia o una constituyente wayuú como se propone desde sectores comunitarios de la Alta y Media Guajira, en donde se comparta el poder, los recursos y las oportunidades de un modo más justo, para así garantizar un avance efectivo de los derechos.
Todos debemos acceder a derechos de manera igualitaria para llevar una vida digna y feliz, desde lo más elemental como la oportunidad de respirar un aire sin contaminación o micropartículas que afecten la salud, hasta el derecho a titulación de tierras, acceso a la justicia, a la participación electoral, a la identificación propia y de los niños que nacen por docenas en el territorio, a la paz, a poder tener mercados justos para la venta de los productos elaborados dentro de las comunidades, incluso a tener la posibilidad de acceder a la cultura y la recreación.
Mientras esto no ocurra, seguiremos llenando a La Guajira de sentencias sin cumplir, de ingobernabilidad con cientos de proyectos ofertados por el gobierno sin utilidad y sostenibilidad, abandonados en el tiempo y lo que es más preocupantes de cientos de niños con algún tipo de desnutrición que deben conformarse con los precarios programas que no logran erradicar este flagelo en el que está inmerso el territorio desde hace más de una década.
Fuente: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.
