El decreto 1275 de 2024, que confiere a las comunidades indígenas de Colombia facultades similares a las de las autoridades ambientales, ha sido demandado ante el Consejo de Estado. La solicitud de nulidad fue presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien cuestiona que el Gobierno haya adoptado esta medida sin la intervención del Congreso.
Para Ruiz, la administración de Gustavo Petro habría excedido sus competencias al conferir a las comunidades indígenas estas atribuciones, lo que, en su opinión, debería haber contado con el aval del Legislativo. “Es preocupante la decisión de otorgar a los pueblos indígenas facultades como autoridades ambientales, ya que la medida resulta populista y genera conflictos con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que son las encargadas de proteger las áreas naturales y el presupuesto en cuestión”, sostuvo Ruiz en un comunicado.
El decreto se originó en acuerdos alcanzados entre las comunidades indígenas y el Gobierno en la Mesa Permanente de Concertación, formalizados el pasado 15 de octubre en la Casa de Nariño; esta reglamentación establece las normas para la gestión ambiental en territorios indígenas, así como la coordinación entre estos pueblos y las entidades estatales de supervisión ambiental.
Tras la firma del decreto, las CAR manifestaron su inquietud ante el posible conflicto de competencias, al anticipar el reto de coexistir como autoridades ambientales en un mismo territorio. “Cabe resaltar que la distribución de competencias que propone el Gobierno Nacional con este decreto puede afectar la gestión ambiental, teniendo en cuenta la lucha de poder entre las CAR y los 115 pueblos indígenas”, agregó Ruiz.
Mientras el Consejo de Estado revisa la demanda, los pueblos indígenas mantienen su autoridad para permitir o restringir actividades en sus territorios que puedan impactar el medioambiente.
