La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al anuncio del ELN de adelantar un paro armado de 72 horas, a partir del 14 de diciembre, en los territorios donde el grupo armado ilegal mantiene presencia.
La guerrilla señaló que la medida responde, según su comunicado, a presuntas “amenazas de intervención imperialista” y a lo que denominó una “nueva fase del plan neocolonial” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ese contexto, el ELN afirmó que se opondrá a lo que considera intentos de saqueo de los recursos naturales del país.
Frente a este anuncio, la Defensoría advirtió que la medida incrementa el riesgo de desabastecimiento y limita el acceso a bienes y servicios esenciales, especialmente en zonas históricamente afectadas por la violencia. El organismo recordó que ningún actor armado puede imponer restricciones colectivas, asumir funciones de autoridad ni dictar normas de convivencia a la población civil.
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Asimismo, alertó que los bloqueos de facto pueden derivar en confinamiento, desplazamiento forzado y vulneraciones graves a los derechos humanos. Ante este escenario, la entidad activó sus mecanismos de monitoreo y verificación territorial para identificar riesgos, acompañar a las comunidades y alertar oportunamente a las autoridades.
La Defensoría hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar acciones que pongan en peligro la vida y la dignidad de la población civil, y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas inmediatas y coordinadas que garanticen la seguridad, la movilidad y el acceso a derechos fundamentales, con especial énfasis en la protección de niñas, niños, adolescentes, comunidades étnicas y poblaciones vulnerables.
