El Decreto 1275 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro, ha generado un intenso debate al conferir a las comunidades indígenas la misma autoridad que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en sus territorios.
Esta normativa, que busca fortalecer el rol de los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente, ha sido recibida con opiniones divididas entre distintos sectores sociales y económicos.
El presidente Petro defendió la medida, argumentando que las CAR han fallado en su misión de proteger la naturaleza, señalando que en muchos casos se han visto involucradas en actos de corrupción que favorecen la explotación desmedida de los recursos naturales.
Según el mandatario, esta norma reconoce el papel histórico de las comunidades indígenas en la preservación de los ecosistemas y su conocimiento ancestral sobre el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
Las CAR,»en su mayoría inmensa, no ha demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario: vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”, afirmó Petro.
El decreto también establece la coordinación entre las autoridades indígenas y otras entidades del Estado para asegurar la protección efectiva de los ecosistemas.
Por su parte, Susana Muhamad, ministra de Ambiente, destacó que este decreto responde a una deuda histórica con los pueblos indígenas, otorgándoles competencias ambientales que reconocen sus saberes ancestrales. Además, las comunidades podrán implementar planes de ordenamiento ambiental, acceder a financiamiento para proyectos de conservación y gestionar recursos naturales en sus territorios, lo que fortalecerá su autonomía económica.
La medida ha sido celebrada por representantes de las comunidades indígenas, como Orlando Rayo, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), quien destacó que se trata de un paso decisivo hacia la protección de los sistemas de conocimiento ancestral y la biodiversidad.
Sin embargo, sectores industriales y representantes de las CAR han expresado su preocupación.
Juan David Arango, director de Corpocaldas, afirmó que este cambio debilitará la institucionalidad ambiental y cuestionó la capacidad técnica de las comunidades indígenas para otorgar permisos ambientales; además, el empresario Nicolás Uribe y el abogado Vladimir Salazar criticaron el decreto, argumentando que se desestima el rigor técnico y jurídico que requiere la gestión ambiental.