La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– se pronunció tras el cierre de la investigación preliminar que adelantaba la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional –CPI– a Colombia por presunta violación a los derechos humanos.
Para la JEP, la CPI solo decidió dar fin al examen preliminar que había abierto sobre Colombia desde hace 17 años y comenzar una nueva relación con la justicia colombiana, sin embargo, no pierde su competencia de investigar crímenes de lesa humanidad en el país.
Así lo dio a conocer el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, al finalizar una reunión en la que participaron el fiscal de la Corte Penal Internacional –CPI–, Karim Khan, el presidente de la República, Iván Duque y el fiscal General Francisco Barbosa, en la que se firmó un acuerdo que respalda la acción de la Jurisdicción y replantea las relaciones entre las autoridades nacionales y la CPI.
“En tres años el trabajo incesante de la Jurisdicción, a través de las imputaciones que ha realizado permitió convencer a la Corte Penal Internacional, en cabeza del señor fiscal (Khan), que debería ponerle término a esa investigación para confiar única y exclusivamente en la JEP», dijo Cifuentes al cierre de la reunión, al hacer un balance sobre lo que significa para Colombia la decisión de la CPI.
Asimismo, señaló que este es un voto de confianza de la Corte Penal Internacional en la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Solamente bastó que se iniciara el trabajo de la JEP y mostrara resultados en estos tres años para que efectivamente se le pusiera término a esa investigación preliminar, eso debe quedar muy claro para Colombia y para las víctimas», declaró.
El presidente de la JEP explicó, además, que de aquí en adelante el trabajo de la Jurisdicción Especial y de la CPI se realizará de manera más estrecha. “El fiscal Khan ha establecido cuáles deben ser los compromisos del Estado colombiano, de este gobierno y de los gobiernos siguientes con la Jurisdicción Especial para la Paz».
Uno de ellos es respetar y mantener la estructura constitucional y legal de la JEP, tal como se plasmó en el Acuerdo de Paz y como quedó inscrito en el primer punto del acuerdo firmado entre Colombia y la CPI.
Destacó que cualquier actuación contraria a este primer punto, cualquier cambio en las condiciones actuales o cualquier obstáculo que se presente al trabajo de la JEP, inmediatamente traerá consigo la intervención de la Corte Penal Internacional, “probablemente ya no mediante la continuación del examen preliminar, sino de una investigación formal”.
“En este orden de ideas, es un acuerdo que pone de presente un cambio en la CPI, estará más cerca de la JEP, tendremos una relación permanente y tan pronto se advierta una interferencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que afecte su propia misión, en ese instante nosotros seremos los primeros en solicitar la intervención inmediata de la Corte Penal Internacional», concluyó Cifuentes.